Cobardes

“Lo que pasa”, me dice un conocido, “es que ustedes son unos cobardes. En el deporte sobre todo, pero en muchos aspectos de la vida también”. Me dejó pensando; primero, porque no definió –tampoco alcancé a preguntarle- a quién se refería con “ustedes”. Podían ser los hombres, los simpatizantes de un determinado equipo de fútbol, los miembros del grupo familiar, o todos los chilenos. Como no me dio más pistas, me puse a darle vueltas al asunto.

El año pasado, un conocido partido político sin mayor representación pública (la única representación democrática que emana de la voluntad popular), decidió que el Gobierno de la centro- derecha (que a estas alturas de derecha tiene bien poco) había tenido respiro suficiente, y estableció la necesidad de quebrantar la institucionalidad de una manera bastante ruidosa. Sus elegidos fueron los estudiantes secundarios y universitarios, porque quedaba feo un grupo de veteranos consumidores de langostas protestando por las calles. Fueron bastante cobardes, porque se valieron de los jóvenes (quienes gustosos se dejaron utilizar, por lo demás) para introducir una piedra bastante molesta en el zapato de la democracia. La gente –según las encuestas- los apoyó mayoritariamente, entre otras cosas porque las personas buscan siempre el beneficio personal. Se escudó en el miserable y egoísta deseo de no pagar por algo que, desde un punto de vista técnico, pero también ético, no es justo que sea gratis. Pero salió con cacerolas a la calle, como si estuviera pasando hambre, aprovechando la circunstancia, en una actitud que también es cobarde.

Como resultado de estos movimientos, que se hicieron profusamente conocidos en el mundo porque nuestros periodistas tienen muchos intereses en el tema, se masificaron las revueltas cargadas de violencias, con protagonistas recurrentes: los encapuchados, que no son más que estudiantes que no estudian con capucha (los créditos de esta definición son de Máximo), a los que se suman delincuentes comunes y anarquistas de ocasión. Los encapuchados son el símbolo de la cobardía, porque actúan con el rostro cubierto para evitar ser reconocidos y, así, eludir la acción de la justicia. Pero además son cobardes porque cuando llegan a ser detenidos, sus abogados –los mismos que defienden causas de DDHH- alegan exceso de fuerza policial y sus derivados. Es decir, somos choros cuando estamos con la cara tapada y cuando podemos atacar bancos, locales, edificios y hasta a la gente común, pero cuando tenemos que responder por nuestros actos, somos inocentes ciudadanos desarmados que, por lo demás, tenemos derecho a protestar contra el sistema represivo y la policía violenta.

La temporada estival marcó el fin –digamos, las vacaciones- del así llamado movimiento estudiantil, para iniciar la temporada de incendios forestales, intencionados y focalizados. Seamos claros: si un día aparece gente destruyendo un helicóptero para apagar incendios, y menos de una semana después se generan grandes llamaradas en las cercanías, es cosa de sumar dos más dos. Por lo demás, el quemar cosas (casas, animales, predios, hasta personas) es una estrategia muy utilizada por quienes exigen reivindicaciones históricas en ese sitio. Pero no. Basta que el Gobierno los culpe para que salten a defenderse como gato de espaldas. “No permitiremos que se acuse a las comunidades mapuches”, dicen sus voceros. Queda poco para que lo repitan los líderes estudiantiles y los representantes de la Concertación, muy afines a sus causas (¿será que son parte de la misma estrategia? ¿Por qué esperaron hasta que se dejara de hablar de un tema para iniciar otro? Al menos, da para pensarlo). Nuevamente, el mensaje: somos choros para quemar el país, pero no se les vaya a ocurrir aplicarnos la Ley Antiterrorista porque eso es un abuso. Es decir, son unos cobardes, como los que atacan amparados en las encuestas, como los que destruyen con el manto protector de los inefables derechos humanos. Como el Gobierno mismo, que pareciera estar siempre a medio camino entre defender su gestión y buscar todo el tiempo la genuflexión ante los demás.

Todos cobardes.

Los verdaderos responsables

“Los fiscales no hacen su trabajo”. Esta frase se ha escuchado con insistencia durante las últimas semanas. La dijo el ministro Hinzpeter, solapadamente, ante la sensación creciente de inseguridad que se apodera  –según los medios afines a la izquierda- de las calles de Santiago.

Es posible que el ministro lo haya dicho como parte de una estrategia del Gobierno de tercerizar responsabilidades en la batalla contra la delincuencia, lo cual no parece del todo incorrecto, porque en el ambiente conviven una serie de actores que deben preocuparse del asunto. Lo que no sabía el personero es que, desde la trinchera opuesta, emergería Sabas Chahuán, el Fiscal Nacional, para defender su trabajo y criticar al Gobierno. Claro que, esta vez, las críticas fueron directas y no tan solapadas. La novela duró hasta que desde ambas partes decidieron bajarle la tensión al asunto, y hasta que surgieron otros problemillas (?) en el poder judicial.

Llaman la atención las palabras de Hinzpeter, no porque pueda estar equivocado, sino porque no es común que desde un poder del Estado se hable de otro. Pero también llaman la atención por algo que no se ha dicho: el blanco de sus críticas. Es entendible que el esfuerzo del ministro sea poner la atención en el trabajo de los fiscales (algo que ha tenido bastante éxito, por lo demás. La gente ha asimilado bastante sus palabras). Lo que no se entiende es que las críticas no hayan ido dirigidas hacia los verdaderos responsables.

Los verdaderos responsables son aquellos personajes a los que no se puede ni nombrar. Los que, cada vez que entregan un dictamen, se dice que éstos “no se comentan”. Que se esconden en su independencia para obrar sin escrutinio posible. De quienes se sabe poco porque nadie se atreve a tocarlos.

Los verdaderos responsables son quienes, en vez de aplicar la ley, la acomodan a su antojo. Los que dejan libres a quienes debieran estar presos, y mantienen tras las rejas a los que deberían estar libres. Los que olvidan que la justicia es ciega, que existe una ley que está por sobre cualquier consideración, y que se niegan a ser co-solidarios de los delitos que cometen aquellos que –por obra de su falta de criterio- debieran estar privados de libertad.

Los verdaderos responsables son cómplices de ese nefasto grupo de presión como son las diversas instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos (privilegio del que sólo gozan los izquierdistas, por lo demás), una de las cuales es financiada por el Estado (¿habrase visto pérdida de dinero más grande?). Por eso, ahora que el nuevo presidente de la Corte Suprema es alguien que se ha hecho conocido por aplicar la ley es que todos saltan en contra. Porque en el país que la Concertación y sus secuaces construyeron por 20 años, el respeto a la ley es transable. Total, la ley es relativa. ¡Plop!

Discriminando en la no discriminación

En primer lugar, Silencio Permanente pide disculpas por la escasa actividad de las últimas semanas. Trataremos que no se repita.

Hoy se discute la Ley Antidiscriminación en el Congreso. Es un tema prioritario, claro. Sobre todo en momentos donde se discute de nimiedades como el presupuesto 2012, o el mejoramiento de la educación (aunque esto no se discute tanto, porque los líderes estudiantiles parece que se sacaron la careta y ahora su consigna es directamente la destrucción del orden público, en vez de los románticos versos que repetían -cual juglares modernos- por todos los medios, los que gustosos les abrían las puertas).

El caso es que, guste o no, los lobbistas ad- hoc han determinado que es prioritario para la agenda pública que el país cuente con una ley que prohíba la discriminación. Esto es muy propio de una nación que cree que todo se soluciona con normativas, como si éstas cambiaran mágicamente elementos que son propios de la cultura del país. De esta ley, para variar, poco se sabe, porque el asunto se ha mantenido en la nebulosa, y también porque tratar materias como éstas en un documento legal es algo bastante complicado.

Lo interesante es lo siguiente: mientras todos los voceros de los movimientos que impulsan la materia se pasean por los mismos medios que ya no tienen más grupos opositores al Gobierno para echar mano (no se van a quemar más de lo necesario apareciendo como voceros del flamante 14% de la población), observamos cómo crece la atención en uno que tiene bastantes ganas de entrar al ruedo político más duro, como es Pablo Simonetti. Su presencia desnuda una paradoja en sí misma: la discriminación de los anti- discriminación. Claro, porque durante años la posición de vocero de estas causas tan nobles y relevantes para la sociedad en su conjunto, como les gusta decir a los progres, la ocupó un personaje “discriminable”, de quien no diré su nombre, pero mencionaré que es pelado, chico y feo (?). Cuando la posta la tomó Simonetti, entonces ahora sí todo esto es visible y digno de ser mencionado en la prensa. Es la paradoja, ¿no? El principal defensor de las minorías es el que representa mediáticamente una mayoría social, o al menos un grupo interesante. Bastante gracioso, aunque ya habrá tiempo para hablar del tema en serio.

No + lucro

  Así es. Yo también me pliego a la frase de moda (aunque sospecho que llegué un poco tarde; como que entre las Fiestas Patrias y la toma de poder por parte de grupos de violentistas radicalizados al movimiento estudiantil se anduvo diluyendo la cosa en el hablar popular). Me sumo porque estoy indignado –otra palabra que seguro me hace quedar cool- como supongo debieran estarlo todos los que han seguido con mínima atención el tema.

  Hace algunas semanas,  una denuncia de un canal de televisión (que, por cierto, no era TVN, pues probablemente en esa estación televisiva, la denuncia no habría pasado el corte de la línea editorial “pluralista y objetiva” que se impone en el área de prensa) destapó la existencia de cientos de exonerados políticos falsos; esto es, personas inexistentes que cobran pensiones al Estado por el hecho de haber sido perjudicados laboralmente durante el Gobierno Militar. Los dineros, era que no, irían a parar en gran parte al Partido Comunista (ya decía yo que era imposible que los encapuchados y ponedores de bombas se financiaran con su idílico trabajo donde los dejan no asistir en días de protesta).

  Este parece un caso de corrupción más, como varios que ocuparon portadas de diarios durante los gobiernos pasados; no olvidemos que estos personajes aparecieron, principalmente, durante la presidencia de Bachelet. Sin embargo, destapa un tema que bien vale la pena discutir, y que tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué el Estado debe mantener –muchas veces de por vida- a miles de personas, existan o no, por el solo hecho de haber sido perjudicados durante un periodo de la historia de Chile? Es decir, además de mantener una planta estable de funcionarios (muchos de los cuales hoy “atornillan al revés” o sencillamente no trabajan), los impuestos de todos los chilenos sirven para que personas que no prestan servicios al aparato público vivan a costa de éste.

  Pero más allá de lo anterior, tampoco parece justo que se reciba una compensación económica por acciones ejercidas por aparatos del Estado en tiempos pretéritos, independientemente del tipo de acciones que sean. Es altamente probable que las incorrectas decisiones del gobierno de Frei, a propósito de la Crisis Asiática de fines de los 90, hayan dejado sin trabajo a miles de compatriotas, pero esas personas no reciben pensiones por ello. Ok, se puede decir que el tema de los Derechos Humanos es más delicado, pero por eso mismo no puede ser reducido a una ayuda económica, porque se superponen el hecho y la compensación en niveles que no son comparables.

  El problema con todo esto es que detrás del tema de los Derechos Humanos (no sé por qué lo escribo con mayúscula, tal vez el apóstol Paulsen lo enseñe en sus clases de ética periodística) es que se reduce a un negocio. ONGs que actúan como grandes corporaciones, dedicadas a mantener el tema lo más visible que se pueda, de manera de generar millonarias ganancias a partir de violaciones a los DDHH que se cometen sólo en una parte del mundo (no creo que Human Rights Watch o Amnistía Internacional hayan actuado con tanto ahínco en Cuba o Venezuela como en Chile) y que mantienen vivos a sus cabezas. Millonarios shows, conferencias y acciones públicas, con el afán de seguir lucrando a partir de los Derechos Humanos.

  Ese es el lucro que me indigna. Porque manipula derechos que debieran ser universales. Porque algunos ganan dinero pero siguen manteniendo el odio. Y porque, digamos las cosas de frente, estamos ante la presencia de la industria de los Derechos Humanos. Una de las más aceptadas y lucrativas del mundo.