Los verdaderos responsables

“Los fiscales no hacen su trabajo”. Esta frase se ha escuchado con insistencia durante las últimas semanas. La dijo el ministro Hinzpeter, solapadamente, ante la sensación creciente de inseguridad que se apodera  –según los medios afines a la izquierda- de las calles de Santiago.

Es posible que el ministro lo haya dicho como parte de una estrategia del Gobierno de tercerizar responsabilidades en la batalla contra la delincuencia, lo cual no parece del todo incorrecto, porque en el ambiente conviven una serie de actores que deben preocuparse del asunto. Lo que no sabía el personero es que, desde la trinchera opuesta, emergería Sabas Chahuán, el Fiscal Nacional, para defender su trabajo y criticar al Gobierno. Claro que, esta vez, las críticas fueron directas y no tan solapadas. La novela duró hasta que desde ambas partes decidieron bajarle la tensión al asunto, y hasta que surgieron otros problemillas (?) en el poder judicial.

Llaman la atención las palabras de Hinzpeter, no porque pueda estar equivocado, sino porque no es común que desde un poder del Estado se hable de otro. Pero también llaman la atención por algo que no se ha dicho: el blanco de sus críticas. Es entendible que el esfuerzo del ministro sea poner la atención en el trabajo de los fiscales (algo que ha tenido bastante éxito, por lo demás. La gente ha asimilado bastante sus palabras). Lo que no se entiende es que las críticas no hayan ido dirigidas hacia los verdaderos responsables.

Los verdaderos responsables son aquellos personajes a los que no se puede ni nombrar. Los que, cada vez que entregan un dictamen, se dice que éstos “no se comentan”. Que se esconden en su independencia para obrar sin escrutinio posible. De quienes se sabe poco porque nadie se atreve a tocarlos.

Los verdaderos responsables son quienes, en vez de aplicar la ley, la acomodan a su antojo. Los que dejan libres a quienes debieran estar presos, y mantienen tras las rejas a los que deberían estar libres. Los que olvidan que la justicia es ciega, que existe una ley que está por sobre cualquier consideración, y que se niegan a ser co-solidarios de los delitos que cometen aquellos que –por obra de su falta de criterio- debieran estar privados de libertad.

Los verdaderos responsables son cómplices de ese nefasto grupo de presión como son las diversas instituciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos (privilegio del que sólo gozan los izquierdistas, por lo demás), una de las cuales es financiada por el Estado (¿habrase visto pérdida de dinero más grande?). Por eso, ahora que el nuevo presidente de la Corte Suprema es alguien que se ha hecho conocido por aplicar la ley es que todos saltan en contra. Porque en el país que la Concertación y sus secuaces construyeron por 20 años, el respeto a la ley es transable. Total, la ley es relativa. ¡Plop!