sábado, 9 de junio de 2012

La Chispa


La semana pasada estalló un conflicto que pudiera parecer menor en una institución privada. El asunto es la renuncia de un alto personero que denunció, entre otras cosas, que el Consejo Directivo prefiere pagar el arriendo del inmobiliario que dicha institución ocupa antes de cancelar los sueldos e imposiciones de los trabajadores. El pequeño detalle –según la denuncia del renunciado personaje- es que la inmobiliaria responde a los mismos dueños que la institución que la contrata. Para clarificar: la Universidad del Mar (ya habrá adivinado el lector de quiénes estamos hablando) prefiere pagar el arriendo de sus sedes a una inmobiliaria controlada por ellos mismos que pagar los sueldos e imposiciones de sus funcionarios.
Hasta aquí, es un caso que –de ser cierto- no da lugar a interpretaciones disímiles, por cuanto se trata de una situación reñida con la ética, e incluso con la ley. Pero, no hay que confundirse, sigue siendo una situación privada, un conflicto que tiene una institución de carácter privada en su interior, y que tendrá que ser investigada y sancionada por las autoridades competentes. Que el negocio en el que se desenvuelve la institución sea el de la educación (dije negocio y educación en la misma oración; va a venir Satanás a buscarme por malvado), para el caso, da lo mismo, porque es un problema entre particulares, y donde todos los involucrados (dueños, directivos, trabajadores y clientes (dije clientes en vez de alumnos, ahora sí que nos cocinamos (?))) tendrán que ser representados correctamente en los estamentos que correspondan.
Pero hay una trampa. En este país, siempre la hay. En este caso, tiene que ver justamente con la naturaleza del negocio, porque la educación se ha convertido en un tema sagrado, casi en el único que se toca en materia de políticas públicas. La trampa es justamente que, de a poco, se avizora que este no es un tema privado. No porque intrínsecamente no lo sea, sino porque los grupos de presión así lo han posicionado. A estas alturas, ni hace falta desenmascararlos, porque se trata de los mismos que vienen tratando de copar la agenda pública desde que se les cortó el elástico el año pasado (o, mejor dicho, desde que el Gobierno generó una reforma al financiamiento de la educación tan grande, que no les quedó otra que quejarse porque sí). Así es: estamos hablando de los estudiantes que ya no quieren estudiar (a lo mejor necesitan vacaciones trimestrales, por eso arman las manifestaciones a partir de mayo), junto con sus dos grandes aliados: los periodistas de sus canales y radios amigas y los políticos oportunistas de turno. A los encapuchados no los cuento porque son en realidad parte del grupo de estudiantes.
La trampa de estos grupos es fácil de adivinar: se aprovechan de cualquier tema vinculado con la educación, por tangencial que sea (repito, por si no quedó claro: este es un asunto entre privados, que debe resolverse de ese modo) para generar caos. Para mostrar su “fuerza”, aunque ella no esté basada más que en cálculos tendenciosos sobre la cantidad de gente que asiste a sus convocatorias. Para desestabilizar la institucionalidad, porque si la verdadera preocupación estuviera en la educación, entonces habrían dialogado gustosos con quienes influyen en ésta. Porque si el eje fuera la educación, entonces no tendrían nada que hacer en el discurso del 21 de mayo. Pero no es así: este monstruo creado por políticos, seguido por estudiantes y alimentado por los medios de comunicación, se cree un influyente actor político, por encima de la institucionalidad democrática.
Esto puede parecer exagerado, aunque el año pasado la chispa la encendió el posible cierre de la UTEM (a propósito, ¿qué tiene que ver eso con el lucro? ¿Y qué tiene que ver el lucro con la gratuidad? ¿Y esta última con la Constitución de 1980?). Ojalá lo sea. De todas maneras, es mejor pecar de exagerado que de laxo. Pregúntenle a la ex presidenta Bachelet. Aunque esa es otra historia. 

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